20 años de ruina en el Palacio de la Infanta Carlota: expolio de patrimonio, prostitución, okupas y una estructura "con aperos para que no se cayera el edificio"
El inmueble, de propiedad municipal, se encuentra vacío y apuntalado desde hace casi tres años, cuando el Consistorio expulsó a los últimos okupas.
En el número 32 de la calle Luna de Madrid se encuentra el Palacio de la Infanta Carlota, un edificio neoclásico del siglo XVIII diseñado por Juan de Villanueva, arquitecto de los Borbones y autor, entre otros, del edificio del Museo del Prado, el Oratorio del Caballero de Gracia y el Real Observatorio de Madrid. Tiene una superficie construida de casi 5.000 metros cuadrados. Edificado originalmente para el marqués del Llano, el palacio fue en su momento hogar de la infanta Carlota y su esposo, el infante don Francisco de Paula, hermano de Fernando VII. Durante su época de esplendor, sus estancias estaban adornadas con frescos pompeyanos, esculturas de bronce y jarrones de mármol, reflejo de la magnificencia de la alta sociedad madrileña de aquel tiempo. Sin embargo, hoy apenas quedan vestigios de aquel pasado glorioso, reemplazados por ruinas y un largo historial de abandono y escándalos que se prolonga desde hace más de dos décadas.
El deterioro del edificio comenzó en los años noventa, pero su declive se aceleró tras ser adquirido en 2001 por el inversor iraní Alí Taefi por 3,1 millones de euros, a través de su empresa Simo Euro Interprais S.L. Taefi, un nombre vinculado al Gil marbellí y a la Operación Malaya, además de señalado por pagos de comisiones ilegales para proyectos urbanísticos en Marbella, prometía rehabilitar el inmueble, pero lo que siguió fue la destrucción de su estructura original, el encalado con pintura blanca de los frescos pompeyanos del siglo XVIII y la desaparición de los leones, jarrones y esculturas de bronce y mármol, que acabaron en manos privadas o en la basura. Además, Taefi ordenó a los constructores realizar una chapuza para añadir una altura extra en este edificio protegido.
En 2005, el Ayuntamiento de Madrid optó por declarar el edificio en estado de ruina, y el entonces alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, prometió expropiarlo y rehabilitarlo para usos sociales o culturales. No obstante, estas promesas quedaron en el aire y el palacio continuó deteriorándose a causa de una batalla legal entre el consistorio y Taefi, que trataba de frenar las iniciativas municipales.
A pesar de las advertencias del Ayuntamiento, el empresario prosiguió con la compartimentación del palacio, que estuvo en obras hasta el año 2011, transformándolo en apartamentos que llegaron a albergar a familias enteras, burdeles clandestinos y puntos de venta de drogas, según recogieron entonces las páginas de EL MUNDO.
Durante aquellos años, el palacio albergó sobre todo a familias de inmigrantes que vivían hacinados, okupas y trabajadoras sexuales. Los carteles en chino y español que adornaban las escaleras instaban a los residentes a pagar deudas con el Canal de Isabel II o a no escupir en las zonas comunes, que a menudo se encontraban pobladas de basura, cascotes o motos a medio desmontar.
Finalmente, tras una larga negociación, el palacio pasó a ser de titularidad pública en 2011, y la indemnización final a Taefi, decretada en 2015, fue de 10,3 millones de euros.
Tras la desaparición de Taefi del mapa, el palacio se convirtió en un edificio okupa salpicado de puntales (para evitar que los techos se vinieran abajo) y de basuras, en cuyos apartamentos convivían 300 personas de bajos recursos. En 2021, la entonces vicealcaldesa Begoña Villacís inició el desalojo de los ocupantes (que culminaría en 2022) justificando la medida por las actividades ilícitas que se llevaban a cabo en el inmueble y sugirió como posibles usos «culturales y también para mayores», debido a la «carencia en materia de dotaciones» en el distrito. Sin embargo, la intervención municipal no fue más allá del desalojo, y desde entonces el palacio permanece vacío y en ruinas.
El abandono del palacio llevó al grupo municipal de Más Madrid a plantear una pregunta en el pleno del distrito Centro reclamando que fuera destinado a «viviendas públicas», al tiempo que sembraban la duda sobre si el inmueble se «privatizaría» o se utilizaría como una instalación para oficinas municipales.
En su respuesta, el concejal del distrito Centro, Carlos Segura, aseguró que durante este tiempo «el Ayuntamiento ha hecho todos los aperos que había que hacer para que no se cayera el edificio, lo desalojó porque se estaban haciendo actividades ilícitas y está intentando que ese edificio por dentro no se caiga con un mantenimiento preventivo estructural homogéneo», sin llegar a detallar el uso que tendrá. Por el momento, el futuro del Palacio de la Infanta Carlota sigue siendo un misterio.
https://www.elmundo.es/madrid/2025/01/0 ... b457b.html
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Alberto Durero.