El artículo es del 17 de Mayo, pero me he acordado de él y no lo he visto por el foro, por lo que he decidido recuperarlo, y después explicaré por qué.

El Rey quiere una ley de la Corona

Los tiempos cambian, incluso para una institución anclada en tradiciones seculares como la Corona española. La ejemplaridad que se exige a los miembros de la Familia Real ha obligado al Rey a pedir perdón por su cacería en Botsuana y al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, a apartarse de todos los actos oficiales de la Casa Real hasta que se resuelva su imputación en el caso Nóos, pero también ha roto un tabú dentro de La Zarzuela: por primera vez, la Jefatura del Estado ve con buenos ojos una ley que desarrolle ampliamente el artículo 57.5 de la Constitución, en lo que se ha empezado a llamar la ley de la Corona.

“Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica”, dice textualmente la Carta Magna sobre el citado artículo. ¿A qué dudas de hecho o de derecho se referían los padres de la Constitución? El enunciado abre tal abanico de respuestas que a los legisladores y a la Casa Real les ha resultado incómodo abordar el desarrollo normativo de este artículo desde 1978.

“A La Zarzuela nunca le ha gustado que hubiese una ley como tal”, recuerda Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional y uno de los mayores expertos en asuntos de la Corona. “La idea que ha imperado desde la aprobación de la Constitución es que los asuntos de la Corona se rigen por usos dinásticos. Se temía que una ley de la Corona fuese demasiado detallista y que encorsetara a la Familia Real”, añade.

Demasiadas lagunas.

En círculos monárquicos se ha considerado suficiente que los asuntos de la Corona estuviesen regulados en los diez artículos de la Constitución, del 56 al 65, que hablan de ella. Sin embargo, ahora las tornas han cambiado, según reconocen a Tiempo fuentes próximas a la Casa del Rey. El cambio está en que La Zarzuela anima ahora a los partidos políticos, en especial al Partido Popular y al PSOE, a que “consensúen” una ley orgánica que desarrolle el artículo 57.5, ya que la legislación actual cuenta con demasiadas lagunas.

Desde la aprobación de la Constitución solo se han aprobado dos breves reales decretos que afectan a la Casa Real, lo que explica las precauciones que ha habido en nuestro país a la hora de regular aspectos de la Corona. El primero se aprobó en noviembre de 1981, poco después del golpe de Estado del 23-F y con la UCD aún en el poder, sobre el registro civil de la Familia Real para inscribir “los nacimientos, matrimonios y defunciones, así como cualquier otro hecho o acto inscribible con arreglo a la legislación sobre registro civil, que afecten al Rey de España, su augusta consorte, sus ascendentes de primer grado, sus descendientes y al Príncipe heredero de la Corona”. El libro quedó encabezado con la inscripción del nacimiento de don Juan Carlos.

El segundo real decreto, de noviembre de 1987, al inicio de la segunda legislatura de Felipe González, versó sobre el régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los regentes. Una norma de nula capacidad legislativa que solo sirve a efectos protocolarios, de ahí que una eventual ley de la Corona suponga un avance sin precedentes.

Entre los constitucionalistas hay un primer grupo que apuesta por una ley orgánica que sea escueta y regule cómo deben hacerse las abdicaciones y renuncias. En la actualidad, por ejemplo, no está claro cómo debería realizar la infanta Cristina una renuncia de sus derechos dinásticos, y los de sus descendientes, en el supuesto de que el caso Nóos se vuelva insostenible para la Corona.

En cuanto a la abdicación al trono, también hay dudas entre los expertos: los hay que piensan que debería haber una norma que regulase los pasos a dar por parte del monarca, el Gobierno y el Parlamento -por este orden-, mientras que otros apuestan “por ir por lo más fácil, es decir, caso por caso”, en palabras de Torres del Moral, para lo cual debería aprobarse una ley orgánica ex profeso para cada abdicación. Incluso hay algunos juristas que prefieren que no haya una ley orgánica, sino una aceptación de las Cortes en sesión conjunta y, a ser posible, por asentimiento.

Incompatibilidades.

Existe un segundo grupo de constitucionalistas que prefiere que la ley de la Corona entre más a fondo. Entre estos últimos está Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco (UPV), quien advirtió en diciembre en un artículo en diariovasco.com del “peligroso vacío normativo” en el que se encontraba la Familia Real y reclamó una ley que incluyese un estatuto jurídico de sus miembros y otro específico sobre la figura del Príncipe de Asturias. “Debería incluir -decía el profesor de la UPV antes de la imputación de Urdangarin- una serie de incompatibilidades que eviten que la imagen y el prestigio de la Corona resulten afectados. Entre estas cabría incluir dos: la prohibición de que los miembros de la Familia Real se dediquen a actividades empresariales y la prohibición de militar en partidos políticos”.

Además, recomendó que el Estatuto recoja la forma o procedimiento para renunciar a los derechos sucesorios. En el caso de la infanta Cristina, solo veía dos opciones: o el divorcio o la renuncia a sus derechos mediante una declaración “unilateral”, aceptada por el Rey, con el refrendo tácito del Gobierno y sin que se pueda oponer el real decreto de 1981 sobre el registro civil de la Familia Real, ya que el alcance de esta norma es “fundamentalmente civil y no constitucional”.

La transparencia de la Corona.

Por su parte, el catedrático Jorge de Esteban propuso a principios de mayo, en una tribuna de opinión de El Mundo, siete puntos que deberían regular, a su juicio, la citada ley orgánica, desde aspectos como la transparencia de la Corona y la necesidad de que el Gobierno autorice los viajes privados del Rey, a cuestiones como las funciones del Príncipe heredero, las consecuencias de que el Rey o la Reina soliciten el divorcio, las diferencias entre Familia Real -con sus obligaciones e incompatibilidades- y la familia del Rey, así como el supuesto de la abdicación del monarca y un marco legal sobre la situación de los miembros que trabajan en la Casa Real.

Todo ello dejando al margen la modificación constitucional que se exige de la Carta Magna para que exista igualdad entre el hombre y la mujer en lo que se refiere a la sucesión. El catálogo de De Esteban fue muy aplaudido al día siguiente por Luis María Ansón, una de las figuras monárquicas más conocidas en nuestro país, lo que atrajo la atención de muchas de las personas vinculadas a la Casa Real. “Todas estas cuestiones sobre una futura ley de la Corona las están analizando personas”, constata Torres del Moral ante los comentarios, artículos de opinión, etc... que han surgido en las últimas semanas al respecto. Este catedrático, autor de un libro de referencia -El Estatuto del Príncipe de Asturias-, ve necesario la conformación de un grupo de trabajo, formado por juristas y personas de prestigio, que ayude a la Corona y al Gobierno a elaborar borradores de esta ley.

Nombres que están circulando.

Entre los nombres que están circulando para este trabajo consultivo aparecen Manuel Aragón, magistrado del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho de don Felipe cuando el heredero cursó estudios en la Universidad Autónoma de Madrid; Carmen Iglesias, preceptora del Príncipe en temas de Historia y una de las personas más escuchadas en La Zarzuela; Pedro González Trevijano, rector de la Universidad Juan Carlos I y con varios escritos sobre la monarquía; Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional en la UNED y con estudios de referencia sobre la Familia Real y la sucesión; Luis López Guerra, exvicepresidente del TC y magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; o Ángel Menéndez Rexach, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Barcelona, que recientemente ha escrito un libro sobre la Corona. En último lugar, pero no menos importante, estaría seguramente Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Carta Magna y al que don Juan Carlos ha pedido opinión cada vez que se ha hablado de cambiar o desarrollar la Constitución.

Las citadas fuentes recuerdan que La Zarzuela ha convocado en el pasado varias reuniones con expertos juristas que han estado presididas por miembros de la Familia Real. Por ejemplo, el príncipe Felipe auspició reuniones de este tipo cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero incluyó entre sus deseadas reformas constitucionales la de la primacía del varón sobre la mujer en el acceso al trono. Asimismo, la Reina mantiene reuniones periódicas sobre política e historia de España, pero a Tiempo no le consta que se hayan producido encuentros similares en los últimos meses al hilo de la ley de la Corona.

En lo que coinciden todas las personas consultadas por esta revista es en la necesidad de que una eventual ley de este tipo tenga el consenso “antes, durante y después de su tramitación” por parte de los dos grandes partidos, con el fin de que se tramite lo más rápidamente posible y tanto el PP como el PSOE eviten un debate parlamentario de varios meses, en el que quizás la monarquía saldría malparada.

La polémica sobre la última cacería africana del Rey destapó, por ejemplo, una mala comunicación oficial entre la Casa Real y el Ejecutivo de Rajoy, de modo que una futura norma sobre la Jefatura del Estado debería abordar el funcionamiento interno de esta última y su coordinación con otras instituciones. “Tendría que ser una norma integradora en todos los sentidos”, opina Yolanda Gómez en conversación telefónica.

Primer paso, en febrero.

El Gobierno del PP ya advirtió en diciembre del año pasado, cuando estalló en Palma de Mallorca el caso Nóos, que entre sus prioridades no estaba una ley de la Corona, debido a que no formaba parte del programa electoral con el que se presentó a las elecciones del 20-N. Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó la pelota en el tejado de La Zarzuela al subrayar que el impulso de una ley de estas características correspondía “a la primera de las instituciones del Estado”, es decir, a la Corona. “Estas cosas hay que hacerlas como se deben hacer y si se deben hacer”, precisó entonces la número dos del Ejecutivo.

Cuando a finales de febrero empezó el vía crucis judicial para el duque de Palma, Tiempo adelantó el deseo del Ejecutivo de Rajoy de aprobar un estatuto de la Familia Real cuando se calmasen las aguas, en el que se definirían el estatuto jurídico, el fuero, las funciones e incompatibilidades de sus miembros, con el objetivo de subsanar buena parte del vacío jurídico en el que se encuentra la Corona desde 1978.

Esta reacción del Gobierno vino como consecuencia de una proposición de ley del diputado de IU en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, en la que este subrayó “la ineludible necesidad de transparencia” de todos los miembros de la Familia Real, “tanto en el ámbito público que desarrolla como en el privado”. Por ello, Llamazares instaba al Ejecutivo a promover la modificación del citado real decreto sobre el régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los regentes para lograr “una mayor concreción y transparencia de la norma”, así como el desarrollo por ley del estatuto jurídico y fuero de la Casa del Rey y de los miembros de la Familia Real, que en la actualidad está formada por los Reyes, los Príncipes de Asturias y sus hijos, así como las infantas y sus respectivos cónyuges e hijos. La respuesta del Ejecutivo vino por parte del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ordenó a sus servicios jurídicos que fuesen preparando un borrador.

El encaje de la monarquía.

En el seno del PSOE también se está hablando ahora del futuro de la Corona. El secretario general socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, encargó la pasada semana al exministro Ramón Jáuregui que elabore una propuesta de revisión de todas las estructuras institucionales y políticas de cara a una conferencia política que se celebrará a finales de 2013.

Con la ayuda de investigadores de las fundaciones Ideas y Alternativas, Jáuregui buscará la colaboración de unos 300 expertos ajenos al partido, distribuidos en 12 o 15 grupos de trabajo sobre varias áreas, algunas de tanta enjundia como la reforma del Congreso, el Senado y el sistema electoral. Cada grupo tendrá un relator que entregará sus conclusiones a Jáuregui para que este lo plasme todo en un documento político.

Entre los cometidos que adelantó Jáuregui está el “actualizar o modernizar el encaje de la monarquía”, aunque rápidamente puntualizó que este análisis se haría “muy serenamente y al margen de coyunturas”. Además, subrayó que uno de los puntos de debate sería cómo abordar una ley de la Corona para “regular la figura del heredero” y proteger “sus funciones sustitutorias”, una labor que don Felipe está haciendo en nombre de su padre con mayor asiduidad en los últimos tiempos, debido a las convalecencias médicas por las que ha tenido que pasar don Juan Carlos.

http://www.tiempodehoy.com/espana/el-re ... -la-corona

En su día me pareció un artículo interesante, es una idea sobre la que han ido apareciendo artículos, especialmente desde la operación de pulmón del rey, y creo que este resume la problemática bastante bien. Creo que podemos opinar y profundizar en las diferentes ideas que se plantean en él.

Si lo que describe este artículo es cierto...¿tendrá que ver el "nuevo protocolo" con esto? ¿mejor colocar a la infanta ya en segundo plano, a que sea apartada por ley?

Si uno repasa la explicación al nuevo protocolo, hay dos puntualizaciones:

- Actos de Estado
- Miembros de la Familia Real que viven exclusivamente de los presupuestos

Se puede considerar que aún siendo miembros de la Familia Real y realizando ciertas actividades, el hecho de que las infantas tengan un trabajo por cuenta ajena y cobren un salario en empresas privadas, es incompatible con que presidan los actos de Estado. Muchas veces se ha comentado en la prensa como se compatibiliza eso de ser infanta, pero a la vez trabajar para una empresa privada... ¿será este el término medio que han encontrado?

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La risa es un antidepresivo sin efectos secundarios

El problema que veo es que aún, no tenemos ni tan solo un borrador...y al parecer son muchos los temas y puntos que quedan por tratar y regular.
Nunca entendí, como en su momento, no se legisló lo referente a la regencia, abdicación o renuncias.
Sigo diciendo que una especie de estatuto del príncipe, o una ley que haga referenica a las funciones normales y las especiales de su figura, es fundamental, porque podemos encontrarnos con un vacío legal importante.
Son muchos aspectos que quedan por legislar, pero una vez que se pongan a ello, que lo hagan para que no deban ser retocados más.
Voy a ver si encuentro alguna información más sobre el tema, pero no creo haber leido sino artículos ligeros, que no entran en profundidad sobre todos los cambios o regulaciones que se plantean como necesarias.
Lo de la incompatibilidad de sueldos privados-cobrar de presupuestos, me parecería muy interesante, y en otras circunstancias esto se salvaría teniendo una lista civil, pero no parece ser un proyecto sino todo lo contrario.
En principio no estaría en contra de tal lista, y creo que se evitarían problemas como los de Urdangarín, aunque los negocios en la privada, perteneciendo a la fr, deben ser más lucrativos.
Si abogamos por cobrar de la privada y hacerlo incompatible con coger pellizco de los presupuestos de la cr, entonces ésto dejaría fuera inmediatamente a los infantes que optaran por éllo. Es decir, el caso actual de las infantas medianas. ¿Hasta qué punto se excluiría a una persona de la fr que opte por una forma de vida en la empresa privada?
Son muchas incognitas, y me parece apasionante, porque nos damos cuenta que falta una base importante de regulaciones para la Corona, y nuevamente podemos estar viviendo una parte importantísima de la historia de la monarquía en nuestro país.

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Jane, con respecto a lo de los dineros, no lo veo tan complicado. Los cargos públicos tienen un régimen de incompatibilidades que explica que pueden y no pueden hacer. Lo de la lista civil es un volver atrás, que no es posible.

Realmente, cada vez que lo pienso, lo que han hecho me parece más lógico.

Por un lado están los miembros de la Familia Real a tiempo completo, los que cumplen con las funciones de Estado y viven de los presupuestos.

En un segundo escalón, estarían los miembros de la Familia Real que tienen sus propios trabajos (que deberían ser siempre por cuenta ajena pero no como empresarios) y que participan en algunas actividades oficiales, y en esos casos la Casa Real les paga unos gastos de representación.

Los noruegos diferencian entre la Casa Real y la Familia Real. La princesa Martha Luisa sigue siendo miembro de la Familia, participa en actos oficiales, ella y sus hijos están en el orden de sucesión, aparece en la web... pero no es miembro de la Casa Real.

Si pero es que Marta Luisa renunció a ser SAR es sólo SA, que tiene un ligero matiz.

Halcón, no estoy diciendo que hagan exactamente lo mismo, pero si que se busque un modelo similar, en el que se dividen dentro de la familia dos núcleos diferentes, los que tienen responsabilidades de Estado y trabajan para él a tiempo completo, y los que colaboran ocasionalmente en las actividades de la Familia.

Los tratamientos en cada monarquía son diferentes... Marta Luisa no es Real, pero sigue siendo Su Alteza princesa Marta Luisa, asiste a actividades oficiales y sus hijas están en la sucesión. En España no existen esos tratamientos intermedios... ¿No son acaso las infantas Pilar y Margarita S.A.R. y no forman parte de la Familia Real? Eso no sería un impedimento.

Yo en ocasiones creo que las infantas tienen demasiados privilegios por parte del estado para la labor oficial que realizan en la actualidad. Igual que me resultan incomprensibles cosas como que la infanta Elena en viajes de la Fundación Mapfre sea recibida por presidentes y primeras damas latinoamericanos...¿de verdad recibirían con guardia de honor al director de cualquier fundación?

Son esos cabos que quedan sueltos, que nos vuelven locos y confunden al más pintado.
Por eso es necesario que esta ley, entre otras cosas, aclare ciertas posiciones.

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Rajoy no cambiará la Constitución aunque los Príncipes de Asturias tengan un hijo varón

¿Y si los Príncipes de Asturias tuvieran un hijo varón? El primer embarazo de Catalina Middleton, esposa del príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión a la Corona inglesa, ha reabierto el debate sobre el anacronismo que aún perdura en la Constitución española: la preferencia del hombre sobre la mujer en el acceso al trono. A diferencia del primer ministro británico, David Cameron, que se ha apresurado a anunciar que cambiará la ley para acabar con esa discriminación por razón de sexo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no tiene ninguna intención de mover ficha, según han asegurado a El Confidencial fuentes cercanas a la Moncloa.

Con la Constitución en la mano -artículo 57.1-, un tercer embarazo de Letizia Ortiz solo supondría un problema político de primer orden si el nacido fuera un varón. En ese caso, el niño desplazaría automáticamente a sus hermanas, las infantas Leonor y Sofía de Borbón, en la línea de sucesión, y estas quedarían relegadas al tercer y cuarto lugar, respectivamente. El pequeño no sería el heredero del heredero -su padre, Felipe de Borbón-, sino un infante de España. Pero sí adelantaría a Leonor, la primogénita de los príncipes de Asturias, en el orden sucesorio. Y si no se reforma la Constitución, algún día se convertiría en rey de España.

El Gobierno, según las fuentes consultadas, no tiene "el menor interés" en abrir ahora ese melón. Rajoy es consciente de que "antes o después" habrá que abordar una reforma constitucional para, entre otros cambios, suprimir el desfasado artículo 57.1 de la Carta Magna. "Pero tal vez no le toque a él hacerlo, sino a otro presidente en el futuro. Y mientras la princesa de Asturias, que ya tiene 40 años, no se quede nuevamente embarazada, la reforma puede esperar. Es una anomalía constitucional, pero ahora hay otras urgencias", añaden las mismas fuentes.

Los expertos en Derecho Constitucional consultados por este diario coinciden en que la modificación de la Carta Magna podría abordarse a posteriori, una vez que el rey don Juan Carlos fallezca o abdique y el Príncipe de Asturias acceda al trono. E incluso se podría retrasar hasta cualquier momento anterior a que la infanta Leonor suceda a su padre. En otras palabras: la reforma de la Constitución no debe hacerse pensando en el actual heredero de la Corona y sus hijos, sino en los descendientes de estos. Porque todos los constitucionalistas consultados dan por seguro que Leonor será reina. "El pueblo español no toleraría que fuese de otra forma", afirma uno de ellos.

Reforma 'agravada'

Sin embargo, poner fin a la discriminación de la mujer en la sucesión monárquica no es una tarea sencilla. Al afectar al Título II de la Constitución -el referido a la Corona-, la reforma debe realizarse mediante el llamado procedimiento agravado, mucho más complejo y dilatado en el tiempo. En primer lugar, el nuevo texto constitucional ha de ser aprobado por una mayoría de dos tercios del Congreso y el Senado. Acto seguido se disuelven las Cortes y se convocan elecciones generales. El Parlamento que resulte elegido en las urnas debe, a su vez, ratificar la modificación por idéntica mayoría absoluta. Y, finalmente, el Gobierno convoca un referéndum para que los españoles aprueben o rechacen la reforma.

​Pero no es ese el único escollo. Si el próximo hijo de los Príncipes de Asturias fuera un varón, y mientras la Constitución conserve su actual redacción, se generaría lo que algunos expertos llaman "expectativa de derecho". Eso significa que cuando el niño fuera adulto podría reclamar sus derechos dinásticos, apelando precisamente a la prerrogativa de género consagrada en el polémico artículo de la Carta Magna. Es un riesgo que se antoja remoto, pero no descartable si, como pretende el Gobierno, se aplaza la reforma constitucional hasta que Felipe de Borbón se convierta en monarca, o incluso después.

​Tras hacerse pública la noticia de que los Duques de Cambridge esperan su primer hijo, el Gobierno británico no ha perdido el tiempo. Según el viceprimer ministro, Nick Clegg, el Ejecutivo ya está trabajando en "los toques finales a la legislación que permitirá actualizar las reglas antiguas de sucesión", entre ellas la Ley de Matrimonios Reales de 1772. De esta forma, si Guillermo y Catalina tienen una hija, esta se convertirá algún día en reina de Inglaterra aunque después nazcan otros hermanos varones. Clegg anunció ayer que los 15 países miembros de la Commonwealth, que tienen a la reina Isabel II como jefa de Estado, ya han dado su consentimiento para que la Cámara de los Comunes apruebe la forma legal.

http://www.elconfidencial.com/espana/20 ... on-110550/

Ni miajita de sorpresa me causa. De hecho, estaba cantado...desde el mismísimo instante en que los dos principales partidos no se lanzaron en su momento a reformar la Constitución en ese aspecto porque no tenían consensuados otros temas susceptibles de introducir cambios (creo recordar que se hablaba, por ejemplo, de definir de otra forma el Senado). No habrá cambio, nadie tiene ganas de meterse en ese jardín. Y creo que Felipe y Letizia lo saben...un tercer embarazo supondría una nueva polémica al menos hasta que se anunciase un eventual sexo femenino de la criatura por nacer.

Yo lo veo más bien, al revés: ningún político diría esto si no ha hablado antes con los príncipes..o con CR.
Creo que los príncipes DEFINITIVAMENTE, han dejado claro que no va a haber más infantes, por lo que así pueden hablar los políticos, y por lo mismo, hemos visto en la cabecera de la nueva web de CR, a Leonor como heredera del heredero de una vez por todas.
Esta reforma debió hacerse justo en el momento en el que se anunció el matrimonio, pero entonces no se hizo, y empezaron a llegar los embarazos...Dos niñas. No se mueve nadie.
Si la reforma se hubiera realizado cuando el anuncio, qué menos, del primer embarazo(Leonor), ya lot endríamos listo...no que la situación se ha enrarecido de tal manera, que ahora no toca ni locos.
Si se hubiera hecho cuando muchos lo pedimos...antes de esta situación social que no lo aconseja.

Y esto, ¿a qué nos lleva? pues a que la princesa tiene cuarena años, y no se puede alargar indefinidamente el tema. Total, que al final han conseguido que tengan los hijos que les han dejado, y esto me parece triste, muy triste.
ESto no quita, que en caso que hubiera un accidente, tuvieran que reaccionar rápido, aunque si no reaccionan, pues !´solo tendríamos nuevo infante, y futuro heredero del heredero!
Me encanta Leonor, no es un secreto, pero a lo mejor le hacíamos un favor.

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Yo en ocasiones creo que las infantas tienen demasiados privilegios por parte del estado para la labor oficial que realizan en la actualidad. Igual que me resultan incomprensibles cosas como que la infanta Elena en viajes de la Fundación Mapfre sea recibida por presidentes y primeras damas latinoamericanos...¿de verdad recibirían con guardia de honor al director de cualquier fundación?[/quote]

Pregun to y me agradaría que me lo aclaren, El que a la infanta elena la reciban con honores Jefes de Estado o Primeras Damas, aún cuando no viajen representando al Estado, es obligatorio, imposición del protocolo, o simple cortesía de ese país, hacia una infanta, cuya padre es el rey de ese país..? O es que los sudamericanos somos muy cholulos y resulta que nos encanta la foto con una Alteza Real...? Gracias.