Extracto del artículo de opinión publicado en el correo el 23 de febrero de 2013
Urdangarin, la Infanta y el futuro de la Monarquía03.04.13 - 16:23 -
JAVIER TAJADURA TEJADA, PROFESOR TITULAR DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UPV-EHU |
"..." La incógnita es qué ocurrirá con la Infanta, pero el riesgo de que esta vez resulte imputada es alto. Sea de ello lo que fuere, desde un punto de vista político y social resulta indiscutible que el escándalo ha erosionado gravemente el prestigio de la institución monárquica. Sondeos recientes confirman el descenso de popularidad de la Monarquía, en un momento de crisis política e institucional en el que es más necesario que nunca que la Jefatura del Estado se presente ante los ciudadanos como una institución ejemplar y con auctoritas para cumplir sus funciones constitucionales.
El 'caso Urdangarin' es, indudablemente, una de las principales causas que explican el deterioro de la imagen del Rey. Hace un año sostuve que era imprescindible romper el vínculo que une a Urdangarin con la Corona. Ello exigía que la Infanta Cristina renunciara a sus derechos dinásticos. Se trata de una declaración unilateral de voluntad formulada ante el Rey, en virtud de la cual se renuncia a la posibilidad de acceder a la Jefatura del Estado. Con ello se evitaba la monstruosa posibilidad de que Urdangarin llegara a ser consorte de la Reina de España. La renuncia de la Infanta es hoy más necesaria todavía, habida cuenta de que las posibilidades de que sea imputada han aumentado notablemente durante los últimos doce meses. Sería imprescindible también cesar a García Revenga y romper su vínculo con la Casa Real. Y, con todo, es dudoso que eso sirviera para incrementar de forma considerable el respaldo ciudadano a la Corona. Los daños que Urdangarin ha causado son considerables y costará repararlos.
Y ello porque algunos llegan a preguntarse siquiera como hipótesis qué ocurriría si como resultado de las investigaciones judiciales se llegara a la conclusión de que el jefe del Estado tuvo conocimiento de los hechos. Ante esto conviene recordar que la Constitución consagra la irresponsabilidad absoluta del Monarca, por lo que nunca, en ningún caso, y bajo ningún concepto, ningún tribunal puede exigirle cuentas por su actuación. Su inmunidad es total dada la posición constitucional que ocupa. Ningún juez puede pedirle responsabilidades ni tampoco los ciudadanos y los poderes públicos. Ahora bien, si esa posibilidad llegara a materializarse, la supervivencia de la Monarquía sólo podría garantizarse mediante la activación del mecanismo sucesorio. Activación que depende de la exclusiva voluntad del titular de la Corona, pero sobre cuya conveniencia podrían aportarse numerosas razones.
La crisis de la Monarquía se produce en un contexto en el que la actuación de la Jefatura del Estado, que según la Constitución «arbitra y
modera el funcionamiento regular de las instituciones», es más necesaria que nunca ante el riesgo de colapso del sistema. No se olvide que en Italia, sólo la actuación del jefe del Estado, Giorgio Napolitano, como titular de ese poder arbitral, evitó la descomposición política del país y su quiebra económica. La única -y discutible- ventaja conocida de la Monarquía respecto a la República consiste precisamente en que su carácter hereditario garantiza mejor la independencia y neutralidad de la Jefatura del Estado, y con ello su auctoritas para arbitrar el funcionamiento de las instituciones. Como dijo Constant, el gran teórico de la institución, la única legitimidad posible de la Monarquía es la funcional. El Rey lo demostró el 23 de febrero de 1981. La necesidad de hacerlo nuevamente este 23 de febrero no es menor.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20130403/mas-actualidad/politica/urdangarin-infanta-futuro-monarquia-201304031623.html
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