Imagino que sería la abuela de Pilar Paloma de Casanova, que era monja carmelita, la Madre Transverberación...

De lo de Fuensalida no tenía ni idea...

Títulos nobiliarios bajo sospecha
Un reciente informe del Consejo de Estado recomienda al Ministerio de Justicia revisar y declarar nulos una decena de títulos nobiliarios.
Consuelo Font
01/05/06
Yo vivo al margen del título de nobleza, no me interesa ni sé nada de eso, para mí lo importante es mi poesía y mis libros”, ha asegurado a esta revista Fina de Calderón, escritora, académica e inspiradora de “Los miércoles de poesía”, un encuentro literario que patrocina el Ayuntamiento de Madrid. Fina, que en realidad se llama Josefina de Attard y Tello, es también marquesa viuda de Mozobamba del Pozo, un título que rehabilitó su marido, Fernando Gutiérrez de Calderón, en 1982 y que podría perder ahora. En estos momentos se encuentra en fase de revisión en el Ministerio de Justicia, para determinar o no su falsedad, según la resolución que publicaba el pasado 17 de marzo el Boletín Oficial del Estado.

En este mismo caso se encuentran otros nueve títulos españoles. Entre ellos están el ducado de Baños con grandeza de España, los condados de Trivento y Avelino y la baronía de Calonge, los cuatro pertenecientes a Pilar Paloma de Casanova y Barón, actual condesa de Cabra. En la misma situación está el marquesado de Vivanco, en la persona de José María Horrillo López del Rey; el marquesado de Villarica de Salcedo, cuya titular es Amparo Urbina Arróspide; los marquesados de Guisa y Torregrosa, respectivamente, María Luisa de Entrambasaguas Fernández y su hija Isabel Serrano de Entrambasaguas; y, por último, el condado de Villapineda, que recae en Carmen Du- rán de Quiroga, ya fallecida. La revisión de estos títulos se inició a instancia del Consejo de Estado, que emitió el pasado 9 de febrero un dictamen en el que insta a la revisión de todos los títulos bajos sospecha y a que se proceda a “declarar la nulidad del pleno derecho”de las respectivas órdenes por las que se mandó expedir las Cartas de Sucesión.

Estafados. El dictamen del Consejo de Estado deja en una situación complicada a la mayoría de estos nobles. Algunos de ellos aseguran haber caído en una trampa.“Tuvimos la mala suerte de acudir al duque de Tovar para que nos tramitara el título, en realidad la mayoría de nosotros ha sido víctima de una gran estafa”, dice el marqués de Vivanco. En efecto, el origen de esta situación fue uno de los mayores escándalos ocurridos en la aristocracia española y que destapó en 1985 la Fiscalía General del Estado: nada menos que un Grande de España, Alfonso Figueroa, duque de Tovar –que no pudo ser juzgado porque huyó a Nueva York– y el abogado y genealogista Fernando González Doria fueron acusados de estafa y falsedad documental para obtener títulos nobiliarios para terceros. Según la Fiscalía, gestionaron más de una veintena de expedientes de rehabilitación que se encontraban vacantes por cantidades que oscilaban entre las 50.000 y las 200.000 antiguas pesetas. Posteriormente también fueron inculpados más grandes de España, como los condes de Cabra, título perteneciente a una de las casas más antiguas e ilustres de España. Aunque ella fue absuelta, su consorte, el abogado Francisco López Solé, fue condenado. El delito del que se le acusó no fue gestionar documentos para terceros ni cobrar por ello, sino las irregularidades en la tramitación de los citados marquesados de Trivento y Avelino, el ducado de Baños y la baronía de Calonge para su mujer, Paloma de Casanova, y otros para él mismo y su familia, que le valieron una condena por falsedad en documento público. Según consta en la sentencia dictada en mayo de 1997 por la Audiencia Provincial de Madrid y ratificada por el Tribunal Supremo un año después, en la rehabilitación de estos títulos se detectaron irregularidades como certificados de méritos inveraces o datos históricos inexactos. López Solé fue condenado a tres años de cárcel y a otros tres de inhabilitación para ejercer la abogacía, aunque fue indultado en 2001. Según asegura su abogado, Julio Ferrer Sama,“ los títulos de Calonge, Trivento y Avelino han estado siglos ligados a la casa de Cabra, una de las más importantes de España y de la que Paloma es descendiente directa, como se comprueba en cualquier guía genealógica”.

Venganza. El jurista subraya que tampoco existen partidas falsas, como en otros títulos cuestionados.“Las irregularidades se refieren, por ejemplo, a donativos que aparecen citados y no han sido dados, y eso se tacha de falso certificado de méritos, ya que a menudo los méritos son dar una limosna. Alegan también que Trivento y Avelino no los otorgó Fernando el Católico, sino de Nápoles y, por tanto, son extranjeros, cuan- do mi cliente tiene el pergamino de la carta de sucesión firmada por Carlos V, lo que demuestra que es español”. Según el letrado, la hipótesis que baraja su cliente es que todo el escándalo responde a una vendetta de la Diputación de la Grandeza, que ejerció de perito en el juicio.“Inicialmente, la Diputación se mostró a favor de la rehabilitación de los citados títulos, pero luego cambió de postura cuando mi cliente se negó a firmar un documento de apoyo a la causa del varón en la sucesión de títulos de nobleza promovida por la Diputación. No se lo perdonaron”.

La sentencia no supuso el broche a este complicado proceso, que tanto se alargó que el Estado español fue condenado en 2003 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a pagar 10.000 euros a Cabra y a González Doria por perjuicios morales. Quedaba pendiente algo fundamental: dictada sentencia de falsedad, ¿qué iba a ocurrir con los títulos?

Tras largos años de espera, los acontecimientos se precipitaron: en diciembre de 2004 el Ministerio de Justicia inició la primera revisión de expedientes y un año después remitió la documentación al Consejo de Estado para que emitiera su dictamen. En febrero pasado, el máximo órgano consultivo del Gobierno dictaminó la revisión de oficio tras considerar procedente la nulidad. Ahora, Justicia ha dado a los nobles afectados un plazo de un mes para que presenten un recurso de reposición ante el ministro de Justicia o acudan a la vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional, para lo que el plazo se amplía a dos meses.

Pleitos. La mayoría ha optado por el recurso de reposición, exceptuando algún caso como la marquesa viuda de Mozobamba del Pozo, que de momento no se ha acogido a ninguna vía para la defensa de su título, por lo que si se pasa el plazo, la nulidad puede ser firme. También Cabra ha renunciado a la vía administrativa y ha optado por acudir directamente a los tribunales. Según Ferrer Sama,“mi cliente considera que el recurso de reposición está viciado porque ya utilizaron la vía del recurso y Justicia denegó sistemáticamente las pruebas que aportamos. Por eso esta vez hemos acudido a la Audiencia Nacional”.

El recurso ante el Ministerio de Justicia ha sido la fórmula elegida por el marqués de Vivanco: “dado que mi caso no es una rehabilitación, donde hay que aportar árboles genealógicos y remontarse a generaciones, sino una sucesión, hemos elegido la reposición para aportar documentos que nos permitan subsanar los errores y demostrar que soy el sucesor. Mi familia se ha preocupado de conservar el archivo familiar, los cuadros, los tapices, y espero que se subsanen los errores y poder mantener el título de Vivanco. Pero si lo pierde, qué vamos a hacer, yo soy empresario y es a lo que me dedico”, explica a “Tiempo”.

También ha acudido al Ministerio, aunque no descarta recurrir a la vía contenciosa, Amparo Urbina Arróspide, marquesa de Villarica de Salcedo. Su abogado, Javier Timmermans, cuestiona la legitimidad del Ministerio de Justicia para anular estos títulos: “Eso tendría que haber figurado en la sentencia que condenó a González Doria y a Cabra. Pero en mi opinión, la única vía es que el Rey emita un real decreto anulando estos títulos. Él tiene potestad para anularlos”.

Link: Tiempo de Hoy

Los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, y la Reina madre con los XVII Duques del Infantado ( 8 y 9) en Guadalajara.