La ejemplaridad y el papel moderador eran los retos que los historiadores asignaban al rey Felipe VI cuando fue proclamado en junio de 2014. Lo han sido, y de manera extraordinaria, para el titular de la Corona, que ha ejercido sus primeros años de reinado en medio de una inestabilidad que no ha dejado de crecer, elevando el listón de los obstáculos para quien debía ser un monarca del siglo XXI.

Han sido seis años cargados de situaciones inéditas, en los que en especial la incertidumbre política ha marcado el reinado de Felipe VI. Se repitieron dos veces las elecciones generales, triunfó por primera vez una moción de censura al presidente del Gobierno, se formó el primer gobierno de coalición de la democracia española, uno de cuyos socios aboga abiertamente por la proclamación de la república. Y una comunidad autónoma, Cataluña, celebró un referéndum ilegal para proclamar su independencia del resto de España.

Todo ello, al tiempo que ha Don Felipe ha tenido que afrontar importantes crisis en el seno de su familia, que han afectado inevitablemente a la reputación de la institución que encarna. Un rey que ha dejado de tener relación con su hermana, la infanta Cristina, apartada por completo de la agenda oficial y familiar por su participación en la trama Nóos, la misma suerte que ha corrido su padre, el rey emérito Juan Carlos I, a consecuencia de sus negocios opacos, lo que le ha llevado finalmente a abandonar España.

Ocho rondas de consultas tras cuatro elecciones generales

Si algo ha caracterizado el papel político del rey han sido las rondas de consultas con los representantes de los partidos políticos previas a la designación de un candidato a la investidura como presidente del Gobierno, quizá el acto más representativo del ejercicio de la Jefatura de Estado en una monarquía parlamentaria como la española.

Un acto más bien simbólico que durante casi cuatro décadas de democracia se desarrolló rutinariamente, hasta esta década, en la que Don Felipe ha protagonizado ocho rondas de consultas en cinco años y medio de reinado, cinco de ellas en 2016 y las otras tres en apenas siete meses de 2019. El rey Juan Carlos convocó solo dos más, diez, en casi 39 años como monarca.

Además, casi todas ellas plenas de incertidumbre y con cada vez más reuniones, reflejo de la fragmentación parlamentaria en España y las dificultades para conformar un gobierno respaldado con una mayoría estable tras cuatro elecciones generales en cuatro años. En la primera ronda de consultas de Felipe VI, en 2016, participaron 14 partidos; en la de diciembre de 2019, estaban convocados en Zarzuela 22 formaciones con representación en el Congreso.

Por si fuera poco, algunas de estas rondas de consultas supusieron hitos inéditos en la democracia española. La primera con la que Don Felipe se estrenó en esta labor terminó con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declinando la propuesta del rey de someterse a la investidura al no contar con suficientes apoyos. En la segunda, designó para la investidura en el Congreso a un candidato, Pedro Sánchez, que no tenía tampoco apoyos suficientes y que se presentó tras el segundo 'no' de Rajoy para provocar la cuenta atrás a unas nuevas elecciones. De la tercera no salió ningún candidato a presidente, por lo que hubo que repetir elecciones y no se encontró uno viable, el mismo Mariano Rajoy, hasta dos nuevas rondas de consultas después -tras la primera Rajoy no pudo ser investido-.

La secuencia fue similar en 2019, con una ronda que dio lugar a otra investidura fallida de Pedro Sánchez, otra 'nula' que desembocó en otra repetición electoral y la última que dio lugar al gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

La tensión surgida de toda esta incertidumbre generó un debate sobre si el rey debería ir más allá de las atribuciones que le da el artículo 99 de la Constitución para proponer a un candidato a presidente del Gobierno. Limitarse a escuchar o interceder para impedir un bloqueo político crónico, ese fue el dilema que se puso sobre la mesa del jefe del Estado, que se limitó a cumplir estrictamente su papel pese a las zozobras del momento.

Referéndum ilegal de independencia en Cataluña

El mayor desafío político al que hizo frente el rey le llegó antes de cumplir un año y medio en el trono, cuando el 3 de octubre de 2017, dos días después de celebrarse un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña, se dirigió a los españoles en su mensaje más trascendental como jefe del Estado. Un discurso de casi siete minutos para hacer frente a la "deslealtad inadmisible" de los dirigentes independentistas y ante la que defendió que "los legítimos poderes del Estado" aseguraran el orden constitucional, dando así su visto bueno a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Tras ello, el Parlament de Cataluña reprobó al rey, una medida que fue anulada por el Tribunal Constitucional. Calificado como su particular 23F, esta intervención fundó un hondo repudio a la Corona por parte del independentismo y de las instituciones catalanas, singularmente visibilizado cuando el monarca fue abucheado en su visita a Cataluña tras los atentados terroristas en Las Ramblas de Barcelona y en Cambrils, uno de los sucesos más dolorosos de su reinado.

Desde entonces, y también a raíz de la sentencia del 'procés', que condenó a prisión a los líderes políticos impulsores del referéndum independentista, el rey Felipe se ha encontrado en cada viaje a Cataluña con manifestaciones en contra de su presencia, o abiertamente con el plantón de la Generalitat -que rompió relaciones con el jefe del Estado en 2018-, como en su reciente visita al monasterio de Poblet, en Tarragona, en la serie de viajes de los reyes a las diferentes comunidades autónomas tras el estado de alarma por la pandemia de la COVID-19.

Rey ante la pandemia de COVID-19

Y es que la nueva enfermedad de la COVID-19 ha supuesto el último gran desafío al reinado de Felipe VI, una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes desde la gripe de 1918, que vivió su bisabuelo Alfonso XIII en el trono. Aunque el contexto político actual haya librado al rey de responsabilidades políticas y le ha mantenido en un segundo plano frente a una gestión liderada por el Gobierno, Don Felipe ha sido testigo del confinamiento de todo un país durante tres meses y la aplicación excepcional del estado de alarma.

En este período, con una agenda al mínimo centrada en encuentros telemáticos, el rey pronunció dos discursos señalados. Uno, el 18 de marzo, a los tres días de decretarse el estado de alarma, cuando el coronavirus dejaba un balance de 683 muertos y más de 14.700 contagiados, en el que llamó a los españoles a "dar ejemplo" de "responsabilidad, sentido del deber, civismo y humanidad, entrega y esfuerzo y, sobre todo, de solidaridad" para hacer frente a una crisis "nueva y distinta, sin precedentes, muy seria y grave, que pone en riesgo nuestra salud en cada rincón de España".

Y otro, cuatro meses después, el 16 de julio, en un homenaje civil de Estado frente al Palacio Real en Madrid, cuando los muertos con coronavirus superaban los 28.400, llamando al "respeto y el entendimiento" y a mantenerse “unidos” para salir de la crisis provocada por la enfermedad en todos los órdenes y "poder mirar hacia el futuro con confianza y con esperanza".

De Familia Real a familia del rey, los problemas no cesan

El rey accedió al trono con la institución de la monarquía suspendida por los ciudadanos, según el CIS, y en medio del escándalo del caso Nóos, en el que estaban imputados su cuñado Iñaki Urdangarin y su hermana la infanta Cristina, que no estuvo presente en la proclamación. Tras su proclamación, la Familia Real pasó a estar formada solamente por los reyes Felipe y Letizia, sus dos hijas, y los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía. Las infantas Elena y Cristina y los demás parientes pasaron a ser solo "familia del rey", pero eso no supuso un cortafuegos que evitara las crisis en la institución de la Corona.

El rey Felipe ha visto como por primera vez en democracia un miembro de la familia del monarca fue condenado a prisión: Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de prisión -rebajados luego a cinco años y diez meses- por delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias por utilizar el Instituto Nóos para saquear fondos de instituciones públicas. La infanta, juzgada como cooperadora de dos delitos contra Hacienda, resultó absuelta pero tuvo que pagar una multa de más de 265.000 euros como responsable civil por haberse lucrado de los negocios ilícitos de su marido.

Tras un lustro de escándalo, Don Felipe revocó en 2015 el título de duquesa de Palma a su hermana y no se evitó el debate sobre si la infanta debería haber renunciado también a sus derechos sucesorios.

Y respecto a su padre, el rey Felipe ha renunciado a la herencia de Don Juan Carlos y le ha retirado su asignación al conocerse la investigación abierta por la Fiscalía de Suiza y también del Tribunal Supremo por el presunto fraude fiscal y blanqueo por ocultar supuestamente en Suiza 65 millones de euros en comisiones por la adjudicación de las obras del AVE a La Meca.

No obstante, el rey cultiva el futuro de su dinastía en la figura de la princesa de Asturias, que en octubre cumplirá 15 años, a quien se ha visto poco a poco dar pequeños pasos para su futuro como jefa de Estado, la que sería la primera reina en España desde Isabel II. La princesa Leonor dio su primer discurso oficial en los premios Princesa de Asturias de 2019, y otro en Girona para la entrega de los premios que también llevan su nombre, en plenas movilizaciones independentistas en Cataluña por la sentencia del juicio del 'procés'.

Modernizar la monarquía mediante la austeridad y transparencia

El 19 de junio de 2014, con 46 años, el hasta entonces príncipe Felipe fue proclamado rey de España ante las Cortes, y una "monarquía renovada para un tiempo nuevo". Como nuevo rey se comprometió a "velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente", ya que estaba convencido de que "sólo de esa manera se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones".

En aras de la ejemplaridad, Don Felipe estableció pronto nuevas normas: se redujo el sueldo, prohibió que los miembros de la Familia Real trabajen para empresas o entidades privadas, o que acepten regalos y favores. También ha sometido las cuentas de la Casa del Rey a una auditoría externa y ha publicado en su página web sus retribuciones, presupuestos y contratos.

En estas cuestiones económicas, sometidas cada vez más al escrutinio público, el rey ha buscado proceder con moderación. Para el ejercicio de 2020, la Casa Real dispone de un presupuesto de 7,88 millones de euros, una cantidad que permanece invariable desde 2018, ya que desde entonces no se han aprobado nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Todas estas cuestiones han dejado en segundo plano lo que en otras circunstancias serían los hitos más deslumbrantes del reinado de Felipe VI, como el primer viaje del jefe del Estado a Cuba (2019), en el cual defendió en La Habana la democracia y los derechos humanos y celebró un encuentro privado con el expresidente cubano Raúl Castro; sus visitas oficiales en la Casa Blanca con dos administraciones distintas en la presidencia de Estados Unidos, la de Barack Obama y la de Donald Trump; su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas (2016); o el simbólico respaldo institucional que supuso la máxima distinción del Reino Unido que le concedió en 2019 la reina Isabel II, la Orden de la Jarretera.