La gravedad de unos hechos presuntos sobre los que ya trabaja la justicia no puede ser minimizada con la excusa de proteger el sistema constitucional de 1978. Antes por el contrario, proteger el sistema constitucional, incluida la Monarquía como forma de gobierno que hoy encarna Felipe VI, exige que, según él mismo reclama, el Estado de derecho se aplique con escrupuloso rigor.

Desde el punto de vista político significa, además, que bajo ninguna circunstancia se pueden confundir las instituciones con las personas que las encarnan. Ni siquiera en el caso de la monarquía parlamentaria, puesto que, al igual que sucede con otras formas democráticas de gobierno, es el mismo orden constitucional el que prevé las responsabilidades en las que pueden incurrir sus titulares y los procedimientos judiciales y parlamentarios para depurarlas. Ningún sistema político está en condiciones de garantizar que los más altos dignatarios tengan un comportamiento ejemplar, y no por ello son sistemas deficientes. Lo serán si, llegado el caso, no tienen respuesta, y la Constitución de 1978 sí la tiene.

Atenerse en las reacciones públicas ante el caso a las diferencias entre las instituciones y las personas será determinante para que el país y el sistema constitucional salgan de esta nueva prueba fortalecidos en lugar de debilitados. Los hechos recién conocidos, y de los que el rey Felipe VI se ha distanciado con acciones inequívocas, han producido conmoción e indignación entre los ciudadanos. Conviene no perder de vista, sin embargo, que, sea cual sea el itinerario judicial que aguarde al caso, se trata de hechos que en ninguna circunstancia han afectado, afectan ni tienen por qué afectar al escrupuloso cumplimiento de las funciones que la Constitución de 1978 otorga a la Monarquía. Y ello tanto por lo que respecta a Felipe VI, como también, y pese a todo, a don Juan Carlos.

Este último tuvo en su mano ocupar un lugar en la historia que, dependiendo de lo que establezcan a partir de ahora los tribunales, podría quedar ensombrecido por no haber sabido resistirse al espejismo de una época. El respeto y el prestigio que supo ganarse entre los ciudadanos y los Gobiernos de todo signo deberían haber sido suficiente recompensa para quien, como él, desempeñó un papel político insustituible para dejar atrás la dictadura. Exigir que comparezca ante la ley si así lo estiman los jueces y lo permite la interpretación legítima de las normas no es incompatible con seguir reconociéndoselo. Pero no lamentablemente por afecto hacia su persona, sino por inequívoco compromiso con una Constitución que tanto le debe, y con sus instituciones.

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No es Gobierno para crisis
FELIPE VI sabe desde su proclamación que la base de su legitimidad de ejercicio es la ejemplaridad, porque fue la pérdida de esta virtud la que provocó la abdicación de su padre. La ejemplaridad no constituye sólo el principal patrimonio -y el principal deber- de la Corona y la base de su imagen: es su verdadera razón de Estado, ante la que no prevalecen lazos de afecto ni de sangre. La durísima reacción de la Zarzuela ante las irregularidades financieras de Don Juan Carlos transmite el inequívoco mensaje de que el Rey no va a tolerar en su entorno ninguna clase de comportamiento reprochable. La explícita referencia al discurso inaugural sobre la necesidad de «una conducta íntegra, honesta y transparente»

representa en el nuevo contexto una reprobación sin paliativos ni ambigüedades. Se trata de un verdadero repudio con dolorosas consecuencias emocionales, pero el Monarca carecía de margen para una respuesta en términos menos tajantes; el silencio, la pasividad o los casuismos cautelares no los habría entendido nadie. Con la nación sumida en una crisis sanitaria de gravísimas repercusiones sociales, el liderazgo hay que demostrarlo yendo un paso por delante. Ningún dirigente ni partido ha adoptado una resolución tan expeditiva ante sospechas de características similares.

La monarquía constitucional moderna no tiene mayor elemento de convicción moral que el prestigio. En una institución fundada sobre la importancia de los símbolos, desprovista de poderes precisos y situada fuera del mecanismo representativo, el intangible reputacional es el elemento de autoridad que justifica su carácter de referente con peso específico. Felipe VI, que accedió al Trono en plena eclosión del populismo y en medio de un proceso de fuerte desgaste de los agentes políticos y de su propio círculo íntimo, ha captado desde el principio su papel de paradigma de valores capaces de superar cualquier escrutinio. Cada vez que un rey ha extraviado ese camino ha acabado en el del exilio.

Este último episodio deja, no obstante, un sabor amargo en la medida en que nubla de forma prácticamente definitiva la figura de Juan Carlos con el riesgo de oscurecer ante la España actual los rasgos más luminosos de su reinado. Es un mal final, una inexplicable malversación de su propio legado; el hombre al que debemos, sin hipérbole, nuestras libertades, el gigante contemporáneo que transformó sin traumas una dictadura en un sistema democrático, puede terminar pasando al imaginario popular como un vulgar aprovechado. Y aunque el tiempo y la Historia corregirán sin duda ese juicio ingrato, él mismo lo ha embarrado encadenando en sus últimos años una secuencia de errores, torpezas y escándalos impropios de su intuición política y su visión de Estado. Y ha puesto a su hijo en el compromiso freudiano de tener que aventar de la forma más drástica las cenizas del pasado.

Ignacio Camacho
Articulista de Opinión